SITUACIÓN POR MUNICIPIO

La respuesta

Los números

Dato Más de 15,000 civiles y militares asistieron a Puerto Rico e Islas Vírgenes

Dato 24.2 millones de comidas entregadas

Dato31.8 millones de litros de agua repartidos

Dato846 personas rescatadas

La respuesta al huracán, compleja, urgente y criticada

Aunque hubo más de 10,000 civiles y militares asistiendo a las víctimas, los operativos de auxilio han sido criticados por su lentitud

En solo 48 horas, María pasó de tormenta tropical a huracán. Y en menos de otras 48 horas pasó de categoría 1 a 5. Puerto Rico y sus autoridades tenían por delante lo peor. No se sabía entonces, pero este fenómeno que golpeó como categoría 4 y vientos de 155 millas por hora iba a provocar daños por 100,000 millones de dólares. La respuesta que se iba a necesitar para auxiliar a la gente iba a ser colosal.

En Puerto Rico e Islas Vírgenes había 2,300 miembros de la Guardia Nacional aguardando por el huracán. Y unos 700 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). El gobernador, Ricardo Rosselló, pasó el 20 de septiembre en La Fortaleza, el palacio de gobierno a la espera de lo mejor, pero ocurrió lo peor.

“Cuando podamos salir, vamos a encontrar a nuestra isla destruida. La información que hemos recibido no es nada alentadora. (El huracán) es un sistema que ha destruido todo lo que ha encontrado a su paso”, declaró el entonces director de la Agencia Estatal para el Manejo de Desastres y Emergencias (AEMEAD), Abner Gómez el día del paso de María. 51 días más tarde, presentaría su renuncia.

El gobernador Rosselló dijo a El Nuevo Día aquel 20 de septiembre: “Ha sido un impacto significativo”. El presidente Donald Trump declaró zona de desastre a toda la isla al día siguiente y se activaron todos los protocolos de ayuda. Abner Gómez pidió paciencia a los puertorriqueños e informó que no habría gobierno por 72 horas.

La Administración Rosselló permaneció casi cuatro días sin poder contactarse con los 78 municipios. Las comunidades quedaron aisladas, desconectadas, a oscuras. A través de la prensa, convocó a una reunión de emergencia a la que llegaron 47 alcaldes, quienes pusieron sobre la mesa las penurias de su gente y reclamaron auxilio.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, resumió aquel 23 de septiembre lo que el paso de los días iba a revelar: “Tienen que venir expertos en manejo de crisis humanitaria. Estamos al filo de una crisis humanitaria”.

A solo cuatro meses de haber asumido el cargo, Brock Long, aún flamante administrador de FEMA, llegó a la isla a organizar la ayuda para una de las peores catástrofes que haya dejado un huracán en el Caribe.

Tenía a su alcance equipos de búsqueda urbana y rescate como Fuerzas de Tareas de Indiana, Virginia, California y Florida y otros grupos conocidos como Equipos de Desastre Médico. También a la Guardia Costera de Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, las Patrullas de la Protección de Fronteras y Aduanas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, miembros del Departamento de Agricultura, de Defensa y el Servicio de Parques Nacionales. Más Bomberos y Policías de Puerto Rico.

Bomberos remueven un árbol de una carretera en La Playa de Ponce.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, trajo consigo a la NY-Task Force 1, que intervino tras el huracán Katrina, en el terremoto de Haití y en el atentado con bomba de Oklahoma de 1995. En total, 35 estados brindaron apoyo a 146 pedidos de ayuda de los puertorriqueños.

Estados Unidos desplegó al portaaviones USS Kearsarge al que estacionó a 15 millas de las Islas Vírgenes para dar apoyo logístico en la región. Más aviones P-3 de patrulla marítima, helicópteros Black Hawk y Chinook. Otro de los gigantes que envió fue el USNS Comfort, un buque hospital con capacidad para 1,000 camas y el mismo nivel de atención médica que en un hospital como el centro médico naval de Portsmouth o el centro de traumatismo de Maryland.

El USNS Comfort, a su llegada a San Juan el 3 de octubre de 2017.

Más de 15,000 civiles y militares, incluidos 2,000 miembros de FEMA, brindaron asistencia a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y entregaron de 24.2 millones de comidas y 31.8 millones de litros de agua en ambas islas al 2 de noviembre de 2017, según informó en un comunicado.

Miembros de la Guardia Nacional reparten agua y comida Barrio Obrero de San Juan.

También trajeron 70,000 lonas para techos que forman parte del programa Blue Roof (Techo azul) bautizado así por el color de los plásticos que cubren los tejados de las casas dañadas.

De acuerdo a FEMA, los equipos de rescate registraron 2,600 estructuras y salvaron a 846 personas.

Un rescatista evacúa a una joven residentes de San Isidro, Canóvanas.

Junto al personal de Manejo de Emergencias local, el Cuerpo de Ingenieros podó miles de árboles caídos, recogió 62,542 yardas cúbicas de escombros, instaló más de 460 generadores en hospitales, refugios y escuelas, Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, las críticas no tardaron en llegar.

Personal de Manejo de Emergencias de Cidra corta ramas de árboles arrancados por María.

La primera ola se desató por la visita del presidente Donald Trump que llegó a la isla el 3 de octubre y lanzó polémicas declaraciones, además de rollos de papel toalla a los damnificados causando malestar entre los puertorriqueños. Tres días después de la visita de Trump, el vicepresidente Michael Pence prometió “reconstruir a Puerto Rico, agregó para calmar los ánimos.

Tan solo una semana más tarde, Trump soltó en Twitter que la ayuda no podría quedarse por siempre en la isla. Ese mismo día, la Cámara de Representantes aprobaría 4,900 millones de dólares en ayudas para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Los primeros pasos incluyeron restablecer las operaciones de los puertos y aeropuertos para que la ayuda llegase a la isla, así como garantizar los servicios de salud y abrir los caminos obstruidos. “Los puertos nos van a permitir acceso a un sinnúmero de recursos que no tenemos hoy día entre generadores, comida, agua, catres, artículos de primera necesidad”, dijo en ese entonces Rosselló.

Entrega de suministros a los afectados por el huracán María en Salinas.

El panorama de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fue el más alentador tras el huracán. El 22 de septiembre, el 25% de los 1.3 millones de clientes de la AAA ya tenían servicio de agua potable, según informó Alfonso Orona, principal asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló. Tres días después la cifra alcanzaría el 40%. Un mes después, el 82%. Pero por la fragilidad del sistema, estos datos avanzaban y retrocedían constantemente.

Isaiah Vázquez Hernández, de tres años, disfruta de un baño de agua, un lujo para muchos tras el huracán María en Corozal.

Por otro lado, el 100% de los 1.5 millones de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaron sin luz. Y tuvo que pasar más de un mes para que el 40% de las regiones recuperara el servicio.

El Cuerpo de Ingenieros trabajó en la reparación de las líneas distribución eléctrica dañadas por María. Puerto Rico tiene unas 30,000 millas de estas líneas y se calcula que el huracán dañó el 80% de ellas.

El sargento de reserva Jitu Whitehead repara una línea de distribución de electricidad en Rio Grande. (Joshua L. DeMotts/ Fuerza Aérea)

Los hospitales de la isla activaron sus planes de contingencia. No tenían diésel suficiente para sus plantas eléctricas y sufrieron daños en sus instalaciones. Solo atendieron emergencias, mientras el gobierno batallaba por hacerles llegar combustible. “No tenemos los recursos para atender todos los hospitales. Nos quedamos sin recursos”, reconoció el gobernador.

Una madre y un niño son evacuados al buque hospital USNS Comfort al no poder recibir asistencia en la isla. (Ernest R. Scott/Marina de EE.UU.)

En el caso de las telecomunicaciones, también colapsadas, el gobierno llevó combustible a las torres y antenas con generadores para reconectar a Puerto Rico, donde apenas había señal intermitente en el área metro al día siguiente del huracán.

“Al tratarse de una emergencia nacional, las telecomunicaciones ocupan el segundo rango de prioridad luego de carreteras”, explicó Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

A días del paso del huracán, largas filas en las gasolineras y la falta de transportistas para llevar combustible pusieron en jaque a la isla. Aunque el gobierno insistió en que no era un problema de abastos, la gente pasó más de 12 horas para cargar sus tanques hasta que se regularizó la situación más de dos semanas después.

“La cadena de suministros está empezando a moverse”, indicó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), al subrayar que en Puerto Rico había insumos suficientes para la población. “Va a haber escasez de algunas marcas y el consumidor tendrá que escoger otras alternativas, pero un escenario de hambre por falta de comida, no debe suceder”, dijo Reyes.

“Esto va a ser un maratón”, había pronosticado Brock Long. Tom Bossert, asesor en Seguridad Interior del presidente Trump, dijo: “Va a ser una recuperación muy dura y muy larga”.

El cuadro de devastación fue tal que Long admitió que fue “complicado” articular la respuesta de emergencia. “Desafortunadamente, ustedes han sido golpeados dos veces”, dijo en referencia a los huracanes Irma y María. “La situación es crítica”, dijo Rosselló, justo después de reunirse con Long y Bossert.

Ante este panorama, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, solicitó a Trump que otorgase una dispensa a Puerto Rico para no costear parte los subsidios que brinda FEMA. El mandatario dio el visto bueno y la agencia federal se compromete a costear por seis meses el 100% de los fondos de recuperación.

Bajo las condiciones habituales, Puerto Rico debería haber aportado el 25% de los gastos.

Por otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó al gobernador Rosselló a reasignar hasta $1,000 millones del presupuesto vigente para realizar tareas de respuesta y emergencia.

María arrasó con Puerto Rico cuatro meses después de que la JSF comenzara el proceso judicial de ajuste de deudas –por un total de $70,000 millones- provisto en la ley federal PROMESA, trastocando el plan fiscal diseñado para poder hacer frente a los compromisos de la isla.

A pesar de los esfuerzos del gobierno estatal y federal para normalizar la vida, los mismos fueron tachados de lentos, descoordinados e improvisados. Economistas, abogados y alcaldes fueron muy críticos sobre todo con la anticipación y los tiempos de respuesta.

El suboficial del Ejército John H. Kinard, de la 101ª Brigada de Aviación de Combate le da agua a una niña en Arecibo. (Caitlyn Cassidy/Ejército de EE.UU.)

A juicio del director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, la logística de FEMA para manejar la emergencia evidenció que su protocolo no se ajusta a un Puerto Rico de topografía variada. “Creo que FEMA, aunque está tratando de hacer lo mejor posible, no estaba lo suficientemente preparada para un desastre de esta magnitud”, dijo Marxuach. “Pudieron haber pre-posicionado muchos más suministros alrededor de la isla antes de la tormenta”, agregó.

Para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, la respuesta de las autoridades federales fue “sumamente lenta”. Alcaldes como los de Caguas, Río Grande, Juana Díaz o San Juan, criticaron duramente a los gobiernos federal y estatal y reclamaron ayuda urgente.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, respondió: “No hemos sido perfectos, pero todos los días hemos trabajado duro por ajustar las estrategias para devolverle la normalidad al país”.

Mientras ocurrían los cruces, Puerto Rico siguió caminando con la ayuda de los propios ciudadanos que se volcaron a las calles a ayudar, cortar árboles caídos y limpiar. Despacio, golpeado y herido, pero con la esperanza de recuperar pronto el nombre con que es famoso en el mundo: la Isla del Encanto.

Dianyahel Rivas Salgado, de tres años, saluda a William Anderson, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, quien supervisa la entrega de suministros en Morovis.

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